Amparo en revisión 39/2022. Resuelta el 2 de septiembre de 2026.
Diversas asociaciones promovieron un amparo contra disposiciones relacionadas con la Ley por la que se crea el Banco de ADN para uso forense. Sostenían que el problema no se encontraba en una norma aislada, sino en el funcionamiento integral del sistema, al permitir al Estado obtener, almacenar, conservar, consultar y utilizar información genética de las personas, lo que consideraban incompatible con diversos derechos humanos.
El asunto llegó a la SCJN, que debía determinar si era posible analizar la constitucionalidad del sistema a partir de las disposiciones impugnadas. La Corte advirtió que las asociaciones únicamente habían controvertido una parte de las normas que integraban el Banco de ADN y señaló que no podía reconstruir de oficio todo el sistema normativo que debía ser impugnado de manera integral.
Finalmente, la Corte negó el amparo sin analizar de fondo la constitucionalidad del Banco de ADN, al concluir que no se habían impugnado todas las disposiciones necesarias para realizar un estudio integral del sistema.
Amparo Directo en Revisión 7684/2023. Resuelta el 2 de septiembre de 2026.
Una persona fue incriminada mediante la declaración de un testigo que posteriormente afirmó haber sido torturado para rendir ese testimonio. A pesar de esta denuncia, la declaración fue tomada en cuenta como prueba sin que previamente se investigara si había sido obtenida mediante actos de tortura.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso para determinar si una declaración podía ser valorada como prueba cuando existía una denuncia de tortura pendiente de investigación. Con base en precedentes sobre tortura y prueba ilícita, concluyó que una declaración incriminatoria no podía ser tomada en cuenta sin que antes se investigaran las circunstancias en las que fue obtenida.
Como resultado, la Corte revocó la sentencia impugnada y ordenó al Tribunal Colegiado realizar un nuevo análisis del caso sin otorgar automáticamente valor a dicha declaración; además, dispuso que el Ministerio Público investigara la posible tortura denunciada.